Los años de 1913 y 1919 fueron críticos para el zapatismo, por dos razones principales: los duros ataques del ejército huertista y por causa de la debacle que se agravó con la muerte de Emiliano Zapata.
En las comunidades zapatistas la delgada línea entre pobladores civiles y militantes zapatistas dio lugar a casos en los que la sospecha de vecinos, militares o autoridades motivó causas judiciales por el delito de rebelión.
El 17 de abril de 1913, Juvencio Robles, General en jefe de las Operaciones Militares de Morelos, envió un telegrama a la Secretaría de Gobernación, en el cual da cuenta que el gobernador interino de Morelos, Benito Tajonar, y la Legislatura local consumaron el delito de rebelión.
Por esta razón, el general Robles aseguró haberse hecho cargo del gobierno del Estado “en todo lo que es proveer y resguardar el orden público”. El caso quedó en manos del Juzgado de Distrito de Morelos con la tarea de esclarecer los hechos, así como de proceder, en caso necesario, a eliminar el fuero de los funcionarios mencionados.
Leer más +El Ministerio Público Federal ejerció acción penal por el delito de rebelión (por levantarse en armas en actitud rebelde hacia el Gobierno Federal), en contra de Victoriano Reynoso Sánchez, Pedro Díaz, Amador Ocampo y Rubén Jaramillo, en agosto de 1943. Todos fueron aprendidos, menos Jaramillo.
Al dictar sentencia definitiva el 6 de mayo de 1944, el Juez de Distrito absolvió a los procesados, pues los acusados ya se habían separado por su propia voluntad del grupo rebelde y habían depuesto las armas.
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